Un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo es aquel que puede causar daños significativos a los derechos de los individuos o a la seguridad pública. Este tipo de sistemas es objeto de regulación estricta bajo la legislación europea, dado su potencial para influir en decisiones fundamentales relacionadas con la vida privada, la discriminación y la seguridad.
En el contexto de la Directiva sobre Inteligencia Artificial, estos sistemas están sujetos a una evaluación rigurosa para asegurar su fiabilidad y su alineación con los derechos humanos. Las empresas que implementan estos sistemas deben cumplir con normas de transparencia y rendición de cuentas para mitigar los riesgos asociados.
El asesoramiento legal especializado en derecho digital es crucial para garantizar el cumplimiento normativo, evaluando cómo un sistema puede afectar la responsabilidad civil y penal. Para más información sobre este asunto, consulte fuentes como la Comisión Europea y la Agencia de Protección de Datos.





